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Personas con discapacidad representarán el 1% del sector público y el privado

Empresas con 100 o más trabajadores deberán tener al menos 1 persona con discapacidad contratada.

 

Abril 2017. Por unanimidad (29 votos a favor) la Sala del Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta para el proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, lo que fue destacado por los legisladores, quienes manifestaron la importancia y los nuevos desafíos sociales que plantea la integración. Luego, la Sala de la Cámara hizo lo propio con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida para su trámite de promulgación.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Fulvio Rossi, Carolina Goic, Baldo Prokurica, Víctor Pérez Varela, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi y Francisco Chahuán, además de los Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza y del Trabajo, Alejandra Krauss.

Los parlamentarios también hicieron énfasis en la necesidad de profundizar las medidas e incentivos para la integración social, así como las medidas de fiscalización de las políticas de inclusión.

La moción impone a los órganos de la Administración del Estado, al Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, que se encuentren en procesos de selección de personal, el deber de considerar en forma preferente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad.

En las instituciones señaladas que posean una dotación anual de 100 o más funcionarios, a lo menos un 1% de ésta deberá estar constituida por personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece este proyecto de ley.

Permite a las personas con discapacidad celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, hasta los 26 años de edad.

Prohíbe dentro de la Administración Pública, todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, o aquéllas basadas en motivos tales como de raza, situación socioeconómica, idioma, opinión política, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.

Extiende la obligación de reserva de cupo de al menos un 1% para personas con discapacidad, que cuenten con la debida calificación y certificación de tal, a todas las empresas del sector privado que cuenten con 100 o más trabajadores.

Impone al empleador el deber de registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, a la que le corresponderá llevar un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información.

 

Establece medidas alternativas para las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación de reserva de cupo.

 

Deroga la norma que permitía, en el caso de la contratación de una persona con discapacidad mental, la estipulación libre de una remuneración sin que se aplicara el piso de las normas sobre ingreso mínimo.

Líneas de Acción

  • La Ley 18.600 contradice la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.Más

  • Sin acceso a servicios y apoyo social, las personas caen en un círculo vicioso, empobreciéndose ellos y su familia.Más

  • En las personas con discapacidad la interacción con su familia y comunidad son importantes en su recuperación.Más